La Corte Suprema de Panamá informó su decisión de declarar inconstitucional la Ley 406, con la cual se renovó un contrato, con nuevos términos y condiciones, para la minería de cobre entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

Se trata de una compañía que explota ese metal en el país centroamericano y que pertenece a la empresa canadiense First Quantum.

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas, y va contra el artículo 1 de la ley, numeral que se refiere a la aprobación o desaprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los contratos que el Estado sea parte o tenga interés, pero cuya celebración no esté reglamentada previamente, entre otras consideraciones, según la gaceta oficial con la ley.

Este contrato generó protestas y enfrentamientos en diversos puntos de Panamá.